SANTO DOMINGO.
El empresariado y organizaciones de la sociedad civil fortalecieron
ayer sus reclamos de justicia en relación a los sobornos que admitió
entregar a funcionarios la constructora brasileña Odebrecht.
A
dos días de la marcha “Fin de la Impunidad”, el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) dio a conocer un comunicado en el que 47
asociaciones empresariales respaldan al procurador General de la
República, Jean Rodríguez, para que actúe con “firmeza, determinación y
agilidad”, aplicando todo el peso de la ley a los involucrados en los
sobornos de US$92 millones de dólares.
Argumentaron que esta
situación representa una oportunidad para que las autoridades
competentes demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las
instituciones y el efectivo funcionamiento del sistema judicial,
haciendo que se convierta en un precedente aleccionador que ponga fin a
este tipo de prácticas.
Indemnización
En
igual tono se expresó la coalición de organizaciones de la sociedad
civil agrupadas en la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática
(IDEM).
Recordaron que las leyes dominicanas obligan al sobornador a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían US$184 millones.
“A lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos”, dijeron.
Precisaron que el Estado dominicano debe reclamar por lo menos US$346 millones, más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores.
Consideraron que las autoridades están obligadas a identificar en qué cuentas se recibieron los sobornos y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal.
También los partidos políticos de oposición fijaron su posición ante el tema de Odebrecht.
Recordaron que las leyes dominicanas obligan al sobornador a pagar al Estado una suma equivalente al duplo de los valores entregados a título de soborno, que serían US$184 millones.
“A lo que deberá sumarse las sobrevaloraciones que se cuantifiquen en cada contrato y además los 162 millones de dólares ya comprobados y confesados que obtuvo Odebrecht de beneficio como resultado de los pagos corruptos”, dijeron.
Precisaron que el Estado dominicano debe reclamar por lo menos US$346 millones, más las sobrevaloraciones adicionales que pudieran ser cuantificadas por expertos, y el costo financiero de estos valores.
Consideraron que las autoridades están obligadas a identificar en qué cuentas se recibieron los sobornos y cuál fue su destino final, y además si fueron declarados a la Dirección General de Impuestos Internos y se pagaron los impuestos correspondientes, con la aplicación del régimen de consecuencia fiscal.
También los partidos políticos de oposición fijaron su posición ante el tema de Odebrecht.
La oposición
Las
organizaciones de izquierda Alianza País, Movimiento Patria para Todos,
Fuerza de la Revolución, Movimiento Rebelde y Camina RD, solicitaron la
renuncia de la comisión creada por el presidente Danilo Medina para
investigar la licitación de la planta de generación eléctrica Punta
Catalina, porque carece de legitimidad frente a un proceso judicial.
Además,
demandan la selección de un fiscal y un juez especiales para conocer
los hechos de corrupción en el país, incluyendo los vinculados a
Odebrecht, debido a la corrupción.
De su lado, Rafael Gamundi
Cordero y Luis Miguel De Camps, presidente y secretario general del
Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), respectivamente,
manifestaron que el presidente Danilo Medina, a pesar de las promesas
hechas en ese sentido y las denuncias que ha hecho reconociendo la
existencia del flagelo “ha sido incapaz de terminar con la impunidad que
protegen y estimulan sectores dentro de su gobierno y su partido,
responsables del grave delito que amenaza la paz y seguridad nacional”.
El
Partido Humanista Dominicano (PHD) llamó al Procurador General de la
República a dar los nombres y perseguir a los reales responsables de
estos hechos.
Plantearon que cada uno devuelva el duplo del valor
sustraído al Estado dominicano del dinero recibido en soborno, como lo
establece el Código Penal y demás leyes al respecto.
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