Santo Domingo. La orgaización política argumenta su decisión por considerar que “La reforma de la Constitución no es una prioridad en las presentes circunstancias de la vida de la nación, afectada por serios problemas que debilitan sensiblemente a la clase media y a los sectores más pobres y vulnerables de la población”.
El PLD considera que este es un momento de estar cercano al pueblo y
concentrarnos en trabajar para construir un futuro mejor para las grandes mayorías. En tal sentido el PLD está trabajando para defender las conquistas del pueblo dominicano, en especial las logradas en sus gestiones gubernamentales. “Esto así, pues el actual gobierno pretende desconocer esa conquistas, poniéndolas en riesgo y procurando destruirlas, privilegiando a una pequeña élite del empresariado que le es más cercano, mediante diversos mecanismos de alianzas revestidos de una supuesta institucionalidad”.
Sostienen que “el proyecto de reforma constitucional que presentó el gobierno, en lugar de contribuir a avanzar en el afianzamiento de la institucionalidad, más bien representa un retroceso antidemocrático en
múltiples ámbitos, además de que está lleno de incoherencias y deficiencias jurídicas que el PLD no puede apoyar.
Sobre lo propuesto respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, el PLD conclute que “despojar al Congreso Nacional de la facultad de llevar a cabo los juicios políticos contra los jueces de las altas cortes es un despropósito”.
Asimismo, sostienen que “la razón por la que el Legislativo es el Poder del Estado con capacidad para estas destituciones es porque es el único en el cual se encuentran representada la voluntad ciudadana en pleno, por lo que tiene una calidad democrática que no tienen los otros”.
Ante la propuesta respecto al Tribunal Superior Electoral dicen que “el sistema de escalonamiento y nombramiento propuesto para los jueces del TSE no toma en cuenta la realidad de los procesos electorales y sus tiempos, creando escenarios en los cuales los jueces del TSE podrían ser renovados parcialmente en medio del fragor de la campaña electoral, dificuñltando el
consenso y beneficiando siempre a la mayoría de turno”.
Sobre el Tribunal Constitucional concluyen que “…Existen razones de peso
por las cuáles se exige que las decisiones que puedan anular leyes o que tengan fuerza de precedente vinculante requieren de mayorías calificadas. Sin ese mecanismo, los vaivenes de la jurisprudencia constitucional podrían ser dañinos a la seguridad jurídica. Es necesario separar los casos para los que se conserva la mayoría calificada y la naturaleza de precedente vinculante, y los que no”.
A su juicio “no hay explicación al propósito de que los próximos cinco jueces del Tribunal Constitucional duren diez años en el puesto, en lugar de los 9 reglamentarios, que no sea garantizar más tiempo a jueces que serán escogidos por las autoridades actuales.
En cuanto a “la propuesta de reforma al régimen de la Cámara de Cuentas, lejos de fortalecer al órgano, lo que hace es confundir sus funciones y debilitar su capacidad de actuar como auditor externo de los poderes públicos y, por vía de consecuencia, la capacidad del Congreso Nacional para ejercer su rol de fiscalizador estaría comprometido”.
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