SANTO DOMINGO. El Ministerio de Trabajo prohibió mediante resolución que las empresas consulten el historial crediticio de los solicitantes de empleo, por considerar que la práctica es discriminatoria.
La medida está contenida en la resolución 02-2015, emitida el pasado martes 3 de febrero, cuyo primer punto precisa: “Se considerará como práctica discriminatoria para el acceso al empleo consultar los datos personales relativos al historial de crédito de los solicitantes de empleo para utilizar el mismo como criterio, al momento de elegir a las personas para designarlas en un puesto de trabajo, así como de la persona que tiene un puesto de trabajo, por considerarse la misma como una distinción, exclusión o preferencia que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el acceso al empleo, permanencia en el empleo u ocupación”.
Aunque el historial crediticio está considerado por las leyes como “datos personales”, muchas empresas acceden a ellos sin el consentimiento del titular, y utilizan la información para decidir si otorgan o no un empleo, dependiendo del desempeño.
En consecuencia, cientos de dominicanos permanecen atrapados en el buró de crédito como no solventes, mientras intentan conseguir un empleo que les permita pagar la deuda.
En 2013, tras varios reportajes de este diario, y artículos del analista financiero Alejandro Fernández W. en la columna Argentarium, en donde se exponía la situación en la que estaban miles de personas, los bancos empezaron a flexibilizar sus políticas y a crear planes para dar una “segunda oportunidad” a los “morosos”, y los burós de crédito permitieron que los ciudadanos verificaran su historial gratis.
Los afectados formaron entonces el movimiento “Somos Capaces”, cuyo lema es “¿Cómo pago... sin trabajo...?”, desde el cual exigieron al Ministerio de Trabajo prohibir la práctica.
De acuerdo con el coordinador del movimiento, Víctor Tejada Victoriano, 800,000 dominicanos están en el buró y no tienen empleo.
Dijo que en lo adelante velarán para que las empresas cumplan la resolución.
Velar para que se cumpla
La resolución ordena a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General de Trabajo garantizar su cumplimiento efectivo. Igualmente, exhorta a los sectores empleador y trabajador para que la resolución sea conocida y comentada en los espacios tripartito de diálogo social. La resolución entrará en vigencia dos días después de publicada en un diario de circulación nacional.
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