Por Bill Peña
La educación debería ser el principal instrumento para romper el círculo de la pobreza, pero en la República Dominicana ocurre exactamente lo contrario.
La baja inversión, las deficiencias estructurales y la ausencia de políticas educativas eficaces han convertido al sistema en un mecanismo que perpetúa las desigualdades sociales, condenando a miles de jóvenes a un futuro de pocas oportunidades.
Los datos reflejan una realidad alarmante: apenas un 10 % de los jóvenes provenientes del quintil de las familias más pobres logra ingresar a la universidad y, de ese reducido grupo, solo el 1 % consigue graduarse. En contraste, alrededor del 50 % de los jóvenes del quintil de las familias con mayores ingresos accede a la educación superior. Estas cifras evidencian que el origen económico sigue siendo el principal factor que determina quién puede aspirar a un título universitario.
Como si esto fuera poco, una parte importante de quienes logran graduarse termina abandonando el país en busca de mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. La fuga de talentos representa una enorme pérdida para la nación, que invierte recursos en formar profesionales que finalmente ponen sus conocimientos al servicio de otras economías.
Mientras tanto, miles de estudiantes reciben clases en escuelas deterioradas, con aulas insuficientes y condiciones que distan mucho de ofrecer un ambiente digno para el aprendizaje. Resulta inadmisible que en pleno siglo XXI todavía existan centros educativos con graves problemas de infraestructura que afectan directamente la calidad de la enseñanza.
A esta realidad se suma una currícula educativa que no responde plenamente a las exigencias del mercado laboral ni a los desafíos tecnológicos y científicos del presente. Además, la escasa inversión en la formación continua y extracurricular de los docentes limita la actualización de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones.
El país no puede seguir conformándose con discursos triunfalistas mientras persisten estas profundas deficiencias. Una educación de baja calidad produce una economía menos competitiva, amplía las brechas sociales y obliga a miles de jóvenes a emigrar porque no encuentran oportunidades para desarrollarse en su propia tierra.
La educación debe convertirse en una verdadera prioridad nacional y no en un simple discurso de campaña. Es momento de invertir con eficiencia, transformar las escuelas, fortalecer la formación docente y garantizar igualdad de oportunidades para todos.
De lo contrario, la República Dominicana seguirá desperdiciando su mayor riqueza: el talento de su gente.
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