Por: Xavier Carrasco
Bien es sabido que el Ministerio de Interior y Policía es la institución encargada de diseñar la política de seguridad ciudadana. A su vez, la Policía Nacional, conforme al artículo 255, numeral 1, de la Constitución dominicana, tiene como misión salvaguardar la seguridad ciudadana. Esto coloca en manos del Estado, de manera exclusiva, la responsabilidad de garantizar la vida, el orden y la integridad de las personas.
Ahora bien, la seguridad ciudadana no se limita únicamente a evitar atracos, controlar los homicidios o el porte ilegal de armas o combatir el narcotráfico. Va mucho más allá. La seguridad ciudadana también implica preservar la vida misma, evitar que las personas representen un peligro para sí o para los demás, y reducir los factores de riesgo que, por imprudencia o negligencia, terminan en tragedia.
En la República Dominicana, tanto mediciones nacionales como internacionales coinciden en una realidad alarmante; los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte. Al analizar estos hechos, encontramos elementos comunes que se repiten con frecuencia; exceso de velocidad, consumo de alcohol e imprudencia.
En ese contexto, las medidas adoptadas por el Ministerio de Interior y Policía durante la Semana Santa impulsadas por la ministra Faride Raful no buscan coartar libertades ni “arruinarle la vida” a nadie. Todo lo contrario, persiguen reducir al mínimo los riesgos a los que se expone la ciudadanía, en un periodo donde históricamente se incrementan las fatalidades.
Aplicar la ley no es un acto de represión; es un acto de responsabilidad. Es intentar salvar vidas, incluso de aquellos que no comprenden que su comportamiento pone en peligro no solo su existencia, sino también la de terceros.
Sin embargo, resulta difícil exigir orden en un país acostumbrado al desorden. La impopularidad de estas medidas no responde necesariamente a su ineficacia, sino a una cultura donde muchas veces se confunde libertad con libertinaje. Se cuestiona al Estado porque limita conductas irresponsables, como si el derecho individual estuviera por encima del derecho colectivo a la vida y la seguridad.
La paz y la seguridad ciudadana no pueden quedar a merced de una sociedad que aún no internaliza el valor de la prudencia. Cada año, miles de dominicanos pierden la vida en circunstancias evitables, víctimas de decisiones marcadas por el exceso, la imprudencia y la irresponsabilidad.
Las medidas del Estado pueden ser incómodas, sí, pero son necesarias. Porque cuando se trata de salvar vidas, la incomodidad nunca será un argumento válido para la inacción.
Un país que no aprende a cuidarse a sí mismo, siempre necesitará que el Estado le imponga los límites que la prudencia no le enseñó.
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