Fuente: diariolibre.com
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este martes que varios implicados en el caso Senasa han comenzado a acercarse en busca de acuerdos, mientras el órgano acusador prepara una segunda etapa, que será presentada próximamente.
"Siempre hay movimiento, ustedes lo van a ver cuando saquemos la segunda parte de Senasa. Lo que sí puedo asegurar es que habrá una segunda parte", afirmó en el acto de relanzamiento del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic ),
El magistrado reveló que el proceso investigativo 2.0 avanza de manera constante y no se limita a hechos del pasado, sino que también alcanza a actores con vínculos en el presente, quienes han manifestado interés en negociar.
Senasa 2.0: ¿solo en cines?
"Existe un acercamiento de diversos imputados interesados en negociar, como en todos los procesos. Nosotros recibimos ofertas, las analizamos dentro del marco del proceso y en el momento debido tomaremos una decisión", explicó.
Pruebas
Camacho puntualizó que las evidencias recopiladas por el Ministerio Público obligarán a otros involucrados a buscar negociaciones antes de que se haga pública la nueva etapa del caso.
El funcionario subrayó que cada propuesta es evaluada bajo estrictos criterios legales y en resguardo del interés del Estado, en el que el proceso reviste una gravedad particular debido a que impactó directamente al Seguro Nacional de Salud.
""El caso Senasa no es un caso cualquiera, es un proceso que golpeó las entrañas del pueblo dominicano. Nos aseguraremos de que quienes se acerquen respondan en la justa dimensión del daño que le causaron al corazón de la salud del país", enfatizó. "
Por las irregularidades detectadas en Senasa, guardan prisión preventiva como medida de coerción el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, junto a Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Según el Ministerio Público, la estructura operó entre 2020 y 2025 y habría defraudado al Estado por un monto superior a los 15,900 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
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