Santo Domingo. La comentarista María Elena Núñez informó a través de El Sol de la Mañana, que la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas depositó este jueves una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue sobre las posibles responsabilidades por acción y omisión en la que podrían incurrido la jurisdicción inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público Privadas.
“Consideramos pertinente que el Ministerio Público y las autoridades competentes, abran una investigación sobre las posibles responsabilidades por acción y omisión en la que podrían incurrido la jurisdicción inmobiliaria, la Dirección General de Alianzas Público Privadas y el ministerio de Medio Ambiente, para que hoy tengamos como resultados que la titularidad de una área protegida que esta resguardad por la constitución y las leyes haya sido transferida a particulares que obtuvieron más de 15 títulos en el último año en este periodo de gobierno”, dice parte del documento depositado en el MP y leído por la comentarista.
Lo que dice el director de DGAPP, Sigmund Freund
En tanto, tras el reclamo que hiciera Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas al gobierno dominicano, sobre la titulación de más de 14 millones de metros cuadrados de terreno en Pedernales y el anuncio de un megaproyecto turístico en el Paisaje Protegido Playa Cabo Rojo - Pedernales (conocido como Bucanyé) para que frenen la cultura de impunidad que persiste en la apropiación fraudulenta de terrenos protegidos por la Constitución y las leyes, el director general de la Dirección General de Alianzas Público Privadas Sigmund Freund manifestó que esos terrenos no tienen nada que ver con el Fideicomiso Pro-Pedernales y el desarrollo que hace el presidente Luis Abinader en Cabo Rojo.
“Estos terrenos no tienen nada que ver con el fideicomiso Pro-Pedernales y el desarrollo que hace el presidente Abinader en Cabo Rojo. Estamos desarrollando la parcela 215 A, la cual hace más de 6 años que la Suprema Corte de Justicia reconoció como propiedad del Estado Dominicano”, dijo Freund en El Sol de la Mañana.
Dijo, además, “esta parcela de 362 millones de metros, desde que llegamos al gobierno, se nos dio el mandato de proceder con el desarrollo de este proyecto y lo primero que hicimos fue hacer un proceso de deslinde para excluir los 38 millones de metros en los cuales estamos desarrollando el proyecto de Cabo Rojo”.
Añadió también “nosotros hicimos una exclusión de esos 362, quedando un restante de 324 millones de metros que fueron entregados hace dos meses a Medio Ambiente”.
En tanto “la parcela 40 en el año 2014, en una sentencia del 19 de mayo dictada por la Octava Sala del Tribunal de Tierra, la jueza Alba Beard dictó una sentencia en la cual excluyó los terrenos de la parcela 40 y la 215 B, estableciendo que no era parte del proceso fraudulento de los títulos. Los abogados del estado dominicano no apelaron esa decisión porque apelándola podrían accidentar el proceso principal que ellos llevaban”.
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