Demandas sociales presionan al Gobierno de Medina

Santo Domingo. A seis meses de su segundo gobierno, el presidente Danilo Medina enfrenta mucha presión social que va desde el reclamo del fin de la impunidad, aumento de salarios de los sectores de salud, policial y educativo hasta la reprimenda de las iglesias por el apoyo del gobernante a que se despenalice el aborto terapéutico y protestas en varias provincias por temas como arreglos de calles y mejora de servicios como el agua potable y energía eléctrica.

El movimiento social que se ha generado para que sean sometidos los funcionarios y exfuncionarios que hayan cometidos actos de corrupción por el escándalo de la constructora Odebrecht es el que más ha impactado la opinión pública y generado un gran apoyo en los distintos niveles de la sociedad que según la encuesta Gallup publicada en la edición de ayer el periódico Hoy alcanza el 91% de la población. Los organizadores del movimiento han anunciado que seguirán las marchas en distintas provincias del país como Puerto Plata, Santiago y San Francisco.

Por otro lado, el ministro de Educación, Andrés Navarro, anunció que no habrá nuevos aumentos para el sector magisterial y eso ha provocado que los maestros se lancen a la calle para exigir un nuevo aumento de salarios. Los profesores de la UASD en protesta por aumento de salario han impedido el inicio del semestre en la universidad pública y generado protestas de los estudiantes.

Otro sector que también está presionando son los médicos que exigen al director del Servicio Nacional de Salud (SNS) el cumplimiento de los acuerdos firmados el año pasado. El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, denunció que el Gobierno ha violado el convenio al no pagar RD$61 millones a más de tres mil médicos residentes y supuestamente nombrando a directores de hospitales sin previo concurso y resistirse a aumentar los salarios a los galenos que trabajan en los hospitales de autogestión.

En las exigencias por aumento de salario, la Policía Nacional también ha dado agua de beber al Gobierno, que aunque anunció un aumento a partir de este mes, no ha dado a conocer el monto del alza. Se ha vuelto casi frecuente las quejas de policías por videos en las redes sociales que se quejan de los “sueldos cebolla” en referencia a los bajo salarios.

La protección al medio ambiente, también es un tema que le genera presión al Gobierno, con el desalojo de Valle Nuevo, Constanza, que inició el Ministerio de Medio Ambiente, por la resistencia de los productores ubicados en esa zona a desalojar y han encontrado como aliados al padre Rogelio Cruz y la Defensora del Pueblo, Zoila Martínez. También el expresidente Hipólito Mejía ha abogado para que se busque una salida al tema sin que las familias que han desarrollado su vida en esa zona resulten afectadas.

Presión viene desde las elecciones
La presión contra el presidente Medina inició desde que concluyó el pasado proceso electoral que los partidos opositores al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) conformaron el denominado frente opositor e iniciaron un proceso de presión para que se cambiara a los miembros de la Junta Central Electoral (JCE).

Esos partidos han advertido que harán lo mismo con la renovación de los jueces del Tribunal Superior Electoral que debe hacer el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debido a que los actuales magistrados cumplieron su periodo el pasado 16 de agosto.

A las acusaciones de irregularidades sobre el contrato para la construcción de dos plantas a carbón en Punta Catalina, el Gobierno creó una comisión de notables para que hagan una investigación sobre el proceso de licitación de esas plantas. La comisión la encabeza monseñor Agripino Núñez Collado y la integran los empresarios José Luis (Pepín) Corripio; Jorge Alberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Gabriel del Río Doñé y Servio Tulio Castaños, de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

En tanto, que la Procuraduría logró un acuerdo con Odebrecht para indemnizar al Estado por 184 millones de dólares que se pagarán en ocho años y de los que se hizo un adelanto de US$30 millones.

Sin embargo, las medidas que se han tomado hasta ahora no satisfacen las exigencias de quienes protestan, pues exigen los nombres de los sobornados.

Decisión sobre Los Tres Brazos, un punto a favor

El Gobierno se anotó un punto a su favor cuando declaró no válida la venta de los terrenos de Los Tres Brazos por considerar que fueron expedidos de manera irregular. Como parte de esas medidas anunció la eliminación de dos instituciones públicas, Corde y la Crep. El Gobierno adoptó la medida luego de que designó una comisión que investigó la denuncia de que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió a precios excesivamente bajos a una empresa privada todo el sector de Los Tres Brazos. El escándalo sobre la venta de ese sector ubicado en Santo Domingo Este saltó a la luz pública tras la denuncia que hicieron los medios de comunicación y los residentes de ese barrio.